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San Miguel de Salinas
El Taibilla sólo garantiza agua de forma ´provisional´ y en ´precario´ para las tres mil viviendas de Blue Lagoon
El Ayuntamiento deberá devolver en diez años los 366.000 que le cuesta al Consell la obra del depósito


El pleno ratificó el convenio con la Entidad Pública de Saneamiento de la Generalitat (Epsar) para la ejecución de obras hidráulicas del depósito de agua de Blue Lagoon con el fin de dotar de suministro de agua potable a las urbanizaciones de Las Filipinas, con tres mil casas que no tienen prohibido consumir el agua que sale de sus grifos desde 2004, tal y como informó este diario. Pero es un acuerdo lleno de "provisionales" y "precarios", según especifica el propio documento y el convenio entre la Epsar y la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Técnicamente, las obras consisten en la conexión de la red de depósitos existentes en Las Filipinas con otro de Orihuela-Costa para solventar "provisionalmente" el suministro de agua potable en las urbanizaciones del sector.
El importe del proyecto es de 388.113, 08 euros y será financiado al 100 % por la Generalitat, que recuperará el 90 % de la inversión, que el Ayuntamiento se compromete a devolver en el plazo de 10 años, según desveló ayer la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel que lleva reivindicando la solución a este problema casi una década. Las urbanizaciones de las Filipinas reciben agua salinizada y contaminada por nitratos de pozos artesianos a cargo de una compañía privada. La asociación de vecinos denunció en 2004, tras un análisis encargado al colegio de farmacéuticos de Alicante, el estado insalubre de las aguas.
La solución que se propone es inyectar agua potable en la red de depósitos y de distribución privada de una "manera provisional" mientras que el municipio se dote de una red de distribución propia. Además la Mancomunidad de Canales del Taibilla otorga una concesión de agua potable "en precario" y no "garantiza el abastecimiento de forma continua en esa toma y "no se hace responsable de los posibles daños y prejuicios" ocasionados por la falta de suministro. Exige que "el Ayuntamiento se comprometa a tener un volumen de reserva equivalente al consumo de la toma de siete días".
La asociación considera que, después de 6 años de espera esta iniciativa, que, en caso de materializarse, "va e estar en manos de la misma empresa que el actualidad suministra agua contaminada no garantiza en absoluto, que en todo momento sea agua potable lo que salga por los grifos".
Para el colectivo vecinal es una medida provisional, que no resuelve el problema de la potabilidad del agua y que supone un "importante gasto de dinero público, que se pudo haber tomado hace 6 años cuando se detectó el problema" y que "sólo se puede entender en clave electoral".