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Alicante - La Verdad


SAN MIGUEL
El Tribunal Supremo ratifica la controvertida relación de puestos de trabajo de Sáez
Subdelegación del Gobierno recurrió el acuerdo plenario que sentó la bases para la distribución de sueldos de los funcionarios

El Tribunal Supremo ha dado validez a la Relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento de San Miguel, que se impugnó por parte de la Subdelegación del Gobierno hace más de cuatro años. La administración local ya dispone de un documento que organice el funcionamiento interno de los empleados municipales y así como sus asignaciones mensuales. La primera RPT que se aprueba en el órgano local fue recurrida por la Sudelegación del Gobierno de Alicante en el 2007 al considerar que no se ajustaba a Derecho y no respetaba Ley General presupuestaria. Tras un primer recurso, que desestimó parcialmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Fiscalía recogió el caso para reabrirlo ante el Tribunal Supremo hace dos años.
Ahora, el magistrado José Díaz Salgado ha archivado de forma contundente el asunto después de que el ministerio público solicitara su reapertura. Así las cosas el equipo de gobierno de San Miguel de Salinas está de enhorabuena ante la última decisión del TS, dado que no ha lugar al recurso de Casación, última esperanza que quedaba para invalidar la RTP municipal.
El teniente de alcalde, Sergio Correas, comentó que «se ha desestimado el recurso dando validez a la RPT, ya que esta administración pública nunca la ha tenido». El modificar la organización de salarios, horas extras y vacaciones de los empleados municipales «nos hubiera traído un verdadero quebradero de cabeza por diferentes situaciones».
Por una parte la Tesorería tendría que haber reajustado presupuestos y liquidaciones ya cerradas, y por otra parte incluso algunos trabajadores tendrían que haber devuelto parte de las nóminas que han cobrado desde el 2007, cuando se puso en vigor el ordenamiento jurídico de los diferentes cargos que trabajan para el Consistorio sanmiguelero.
Correa valoró que «para nosotros ha sido más un tema político, que nos sorprendió al principio porque no lo esperábamos, pero en cualquier caso la Subdelegación tenía competencias para recurrir la RPT». Así, el concejal expuso que «no entendemos cómo se ha podido mezclar a funcionarios, porque cada uno tiene su ideología. A nuestro juicio este documento se hizo porque era necesario y dentro de los parámetros normales», indicó.
Es ahora la institución que dirige Encarna Llinares la que debe asumir las costas de los procesos judiciales. La subdelegada del gobierno Zapatero en Alicante, Encarna Llinares fue la encargada de iniciar el recurso en contra de un acuerdo del Pleno, que el Supremo ratificado.