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San Miguel de Salinas
Gestagua cobrará 212 euros sólo a los vecinos que se den de alta en la red de agua potable
La medida afectará a unos 2.900 residentes que carecen a día de hoy del servicio y el dinero se depositará en una cuenta de la Generalitat

Un portavoz de la empresa Gestagua, que junto a la mercantil Grupo Generala explota desde este mes de enero la gestión del servicio municipal de agua potable en San Miguel de Salinas, aclaró ayer que el nuevo canon por engancharse a la red, es decir, el pago de una fianza por la instalación del contador, sólo tendrán que abonarlo los vecinos que se den de alta por primera vez en la red.
Desde Gestagua quisieron corregir así el error que cometió la asociación de vecinos San Miguel Arcángel, que alegó contra la privatización de este servicio, y que calculó que dicha cantidad sería pagada por todos los residentes que están abonados a la red de agua potable, lo que reportaría a la empresa un remanente de más de 1,2 millones de euros. En este sentido, el representante de la empresa subrayó que, además, dicha cantidad no va a parar a las arcas de la Unión Temporal de Empresas que explota el servicio, sino que el canon que abonarán los aproximadamente 2.900 vecinos que se van a incorporar a la red de agua se depositará en el organismo competente de la Generalitat, tal y como exige la normativa. A este respecto, explicó que este dinero constituye una especie de garantía para que la empresa que gestiona el agua cumpla su contrato con el Ayuntamiento, y viceversa, durante los 25 años de concesión.
El comunicado de la asociación vecinal señalaba también que los vecinos de la urbanización Las Filipinas, que hasta ahora carecían de las infraestructuras necesarias para poder sumarse a la red de agua municipal y que usaban un agua procedente de pozos de dudosa calidad, pagarán un canon algo superior debido a que la empresa tiene que hacer una inversión de 4,5 millones de euros durante 2012 para poder prestarles ese servicio.

Informes
Por último, señaló que cuando la UTE quiera pedir una modificación tarifaria al consistorio, son los técnicos de la administración local los que tienen que elaborar los correspondientes informes que avalen si el incremento de precio en el servicio está o no justificado, y que por lo tanto no hay necesidad de pedir informes independientes a los de la empresa, tal y como exigió la asociación de vecinos.