PRENSA LOCAL

Información.es » Vega Baja

San Miguel urbaniza una rambla
La Confederación Hidrográfica cambia de criterio al cabo de seis años, tramita el expediente de deslinde y da la razón al promotor y al Ayuntamiento


El urbanizador del plan Los Invernaderos y el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas han logrado su objetivo de que el cauce de la rambla de La Escribana sea considerado privado y tenga aprovechamiento urbanístico. Tras seis años de litigio administrativo, en los que inicialmente la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) mantuvo que el cauce era dominio público, la entidad del Ministerio de Medio Ambiente ha resuelto ahora que no, que es una propiedad privada. Cabe recordar la reciente tragedia ocurrida en Finestrat en que las fuertes lluvias causaron las muerte a dos personas que se encontraban en un mercadillo ubicado en un cauce.
Mientras se resolvía esta cuestión en el ámbito burocrático la empresa promotora del plan ha urbanizado los terrenos, soterró con un colector el cauce sobre 70.000 metros cuadrados y ubicó las principales zonas verdes del sector sobre ese suelo ganado a la rambla. En total 700.000 metros cuadrados previstos antes de la crisis para acoger 1.800 viviendas. La cañada de La Escribana no tiene la condición de cauce público para la Confederación, ni para el Ayuntamiento de San Miguel -que espera desde hace años las compensaciones para el municipio que iba a reportar esta urbanización-, ni para los promotores. Todo pese a que es una de las escasas ramblas de las numerosas que existen en esta zona lindera con Sierra Escalona por la que circula agua durante todo el año. Aguas abajo esos recursos hídricos riegan campos de cítricos.
Los promotores alegaron en su día que los terrenos estaban inscritos en el registro de la propiedad, pero el cauce público de La Escribana no. Requisito éste último que sólo exige la legislación desde 2006. La CHS ha comunicado esta decisión a la asociación de vecinos San Miguel Arcángel, entidad que advirtió sobre esta privatización, el archivo del expediente de deslinde de la cañada al "haberse constatado su naturaleza privada", se asegura. La consideración de los terrenos como de dominio público hidráulico los llevaría a ser considerados como suelo no urbanizable de especial protección y nunca podrían computarse como parte de un plan parcial. Si la CHS hubiera mantenido su posición inicial en este asunto ese suelo se debería excluir del plan y no podría calificarse como urbanizable de uso dotacional (espacios libres o zonas verdes), en detrimento del aprovechamiento urbanístico del sector. Lo que se incluye como parte del plan y estaba ocupado por la rambla, según cálculos de la asociación vecinal, lo que supone sumar a la construcción 252 viviendas -70.000 metros cuadrados con una densidad de 36 viviendas por hectárea- y un volumen de negocio aproximado de 35 millones de euros para el promotor -si esas viviendas se hubieran levantando y vendido-.

Antecedentes
El 16 de marzo de 2005 la Confederación trasladó al Ayuntamiento un informe en el que se comunicaba la existencia de terrenos de dominio público hidráulico en el ámbito del plan parcial, la necesidad de su deslinde y de la revisión de la zonificación. Este informe y un escrito posterior de mayo de 2005 fueron ignorados por el Ayuntamiento, que aprobó en abril de 2006 el proyecto de reparcelación sin atender a los requerimientos de la CHS -y con el visto bueno al plan de la Generalitat-. En agosto de 2007 la entidad pública inició el procedimiento de deslinde del cauce para recuperar los terrenos afectados por la rambla. Transcurrido un año, según la Ley de Aguas, éste caduca al no resolverse. Y la CHS no lo hizo. En noviembre de 2010 encargó nuevos informes en los que procede al archivo del caso sin incoar otro. El Ayuntamiento ha mantenido siempre que el proyecto garantiza la evacuación de aguas pluviales con el soterramiento del cauce con un colector que atraviesa ahora todo el sector de sur a norte.
Para la citada asociación "la simple enumeración de los hechos ponen en entredicho y cuestionan la seriedad, rigor y buen hacer que se le supone a un organismo público como la CHS", a la que se recurrió para que restableciera la legalidad frente a la actuación del Ayuntamiento y el urbanizador.

Parques y jardines tomados por la maleza y casi ni una vivienda
La urbanización SUS-A Los Invernaderos iba a generar una gran actividad urbanística en San Miguel de Salinas y muchos puestos de trabajo. Son 700.000 metros cuadrados en los que cabían mil ochocientas viviendas. La urbanización cuenta con las calles trazadas, asfaltadas y señalización horizontal, farolas, jardines, bancos y parques infantiles desde 2008. Incluso se ha realizado una rotonda de acceso desde la CV-95. Pero el residencial está desierto. No se han construido ninguna de las viviendas unifamiliares previstas y sobre el terreno sólo se levantaron tres bloques de pisos, ahora semivacíos. De hecho, todo el perímetro está vallado. La maleza ha tomado la mayoría de las zonas verdes, mientras se deteriora el equipamiento en el que la propia urbanizadora invirtió con vistas a las ventas de viviendas que no se han hecho realidad. A cuenta de este plan urbanístico, que comenzó a tramitarse en 2003 como una reclasificación de suelo agrícola -el terreno estaba ocupado por bancales de almendros- el Ayuntamiento de San Miguel aseguró que se iba a construir un auditorio al aire libre y pistas deportivas que no llegan. D. P.