PRENSA LOCAL

Información.es » Vega Baja

San Miguel de Salinas
Aprueban el canon de 212 euros por dar de alta el servicio de agua
El coste de la instalación de los contadores superará dicha cantidad para los vecinos de la urbanización Las Filipinas

M. A. RIVES

La corporación de San Miguel de Salinas rechazó en la sesión plenaria celebrada el pasado miércoles las alegaciones presentadas por la asociación de vecinos "San Miguel Arcángel" en las que instaba a retirar un punto de la nueva ordenanza municipal que regula el abastecimiento de agua potable y que establece que los nuevos usuarios del servicio tendrán que pagar una fianza mínima de 212,52 euros para instalar el contador. Una cantidad que se verá incrementada cuando este aparato sea de más de 13 milímetros y que gravará en mayor medida a los vecinos de la urbanización de Las Filipinas, dado que éstos pagan más dinero en concepto de mantenimiento, y el montante de la instalación de ese contador se establece en proporción a lo que abonan en cada recibo los usuarios.
Aunque desde la asociación vecinal mantienen que el artículo 47 de la nueva ordenanza no aclara expresamente que dicho canon lo pagarán sólo los residentes que se den de alta por primera vez en el servicio, el alcalde de la localidad, Ángel Sáez (PP), aseguró a este diario que solamente se gravarán las nuevas altas.
Se da la paradoja que los vecinos de la urbanización Las Filipinas carecían hasta ahora de las intraestructuras necesarias para recibir agua potable desde la red municipal y hasta el momento han venido utilizando un agua procedente de pozos que llegó a ser declarada no apta para el consumo por la Dirección General de Calidad Ambiental, por lo que los residentes de esta área tendrán que hacer frente ahora a este gasto para la instalación de los nuevos contadores.

Tarifas
De igual modo, el pleno rechazó otra de las propuestas de "San Miguel Arcángel" que proponía la inclusión de un nuevo artículo para exigir que cuando la empresa concesionaria del servicio pretenda solicitar una modificación tarifaria por desequilibrio económico, se incluya un informe independiente que sirva para contrastar el aportado por la empresa. No obstante, cualquier subida de precio del servicio tiene que ser respaldada por el pleno municipal.
La privatización en la gestión del servicio de agua potable en el municipio ha causado mucha controversia desde que esta asociación de vecinos desveló que los residentes sufrirían un importante incremento en la factura del agua potable desde enero, puesto que el recibo se encarece entre un 343 y un 412%. A cambio de la concesión de la contrata durante 25 años, la UTE gestarla-Grupo Generala se comprometió a invertir 4,5 millones de euros para construir las infraestructuras necesarias que puedan llevar un agua de calidad a Las Filipinas, unas obras que ya han comenzado y que según estimó el regidor municipal podrían estar finalizadas en un periodo de tres meses.